La cara infeliz de Mar del Plata

 
Ya han pasado casi seis meses de iniciado el conflicto en el puerto de Mar del Plata y las únicas respuestas que han recibido los trabajadores han sido numerosos despidos, heridos de bala de plomo, represión policial, detenidos y ningún avance respecto del reclamo de efectivización y regularización de sus condiciones de trabajo. Esta semana los obreros de la industria del pescado se reunirán por segunda vez con el ministro nacional de trabajo Carlos Tomada para exigir medidas concretas que reviertan, de una vez, la situación de represión, explotación y desamparo en la que se encuentran trabajando hace más de 15 años.

No cuesta demasiado comprender las razones que han conducido a los trabajadores pesqueros a sostener este fuerte y prolongado conflicto en el puerto de Mar del Plata. Basta sólo conocer las condiciones en la que éstos se ven obligados a trabajar cotidianamente para, al instante, preguntarse cómo han podido “aguantar” tanto tiempo en silencio. Y la respuesta es contundente: los obreros pesqueros conviven hace años con la amenaza de perder el trabajo, la indiferencia de la burocracia sindical y la recurrente inexistencia de controles estatales. La industria del pescado en el país sostiene dos caras: mientras mueve ganancias de más de 2 mil millones de dólares, sólo la mitad de este monto es declarado legalmente. Quienes trabajan en el puerto de Mar del Plata conocen este secreto a voces: mafias aduaneras, “arreglos” para permisos excesivos de pesca y acuerdos cómplices están a la orden del día. Las consecuencias de este negocio millonario “de pocos” son de extrema gravedad no sólo porque se basa en condiciones precarias e inhumanas de trabajo sino también porque se sostiene por la depredación indiscriminada del recurso pesquero (ver recuadro). De esta manera,  en el puerto marplatense, al igual que en el resto del país, la única ley que impera es la de las ganancias empresarias. Pero hoy en día, algo ha cambiado: los obreros rompieron el silencio y están decididos a pelear por la regularización de su condición laboral y la efectivización bajo el convenio 161/75 del filete y 171/75 de la conserva, lo que – a su vez- garantizaría la preservación del recurso pesquero.  

“El puerto es como una dictadura, al obrero nunca se le da la razón.”

 (Breve relato de una expropiación capitalista)

A partir de los ’90, a través de numerosos cierres de empresas y despidos masivos, se implementó un régimen de trabajo de extrema flexibilidad y precariedad laboral al que los trabajadores debieron adherirse forzados por el riesgo de quedar en la calle o ingresar a las temidas “listas negras”, a través de las cuales los empresarios marcaban y dejaban para siempre sin empleo a quienes se resistían a perder sus derechos.

En estas condiciones, muchos trabajadores fileteros y de conserva no tuvieron otra opción que matricularse en “pseudo” cooperativas: empresas que – amparadas en esa figura legal - evaden responsabilidades fiscales y mantienen a los empleados “en negro” con la anuencia de la burocracia sindical y el estado provincial y nacional. En estas condiciones, muchos trabajadores fileteros y de conserva no tuvieron otra opción que matricularse en “pseudo” cooperativas: empresas que – amparadas en esa figura legal - evaden responsabilidades fiscales y mantienen a los empleados “en negro” con la anuencia de la burocracia sindical y el estado provincial y nacional. Este sistema “pseudo cooperativo” ha operado como una forma de reducir los costos empresarios y, por ende, garantizar ganancias extraordinarias no sólo a sus dueños sino también, y sobre todo, a las grandes fábricas procesadoras de pescado. Éstas tercerizan en las cooperativas parte del trabajo que anteriormente realizaban a su interior, lo que les permite eliminar costos y desresponsabilizarse de la seguridad y regularización de los trabajadores. Tal como sucedió en el resto del país, en las últimas décadas arribaron al puerto de Mar del Plata las políticas de flexibilidad y tercerización laboral que, garantizando un negocio próspero a los empresarios, no trajeron más que miseria a los trabajadores y sus familias. Este sistema se traduce cotidianamente en condiciones de trabajo realmente inhumanas. Por un lado, el sueldo de los fileteadores “pseudo” cooperativizados y de los “changas” se define por la cantidad de kilos de pescado fileteado por día, no se les contemplan días por enfermedad ni tampoco reciben paga cuando no hay trabajo por falta de pesca o también cuando la actividad entra en recesión durante el verano. Así, los “riesgos empresarios” ante el escaseo de la pesca o la captura de pescados de bajo kilaje, son depositados indiscriminadamente sobre las espaladas de los trabajadores, quienes los pagan con hambre, incertidumbre e inseguridad social. Por otro lado, uno de los trabajadores entrevistado comentaba: “Trabajamos en un lugar muy húmedo donde, por lo general, ingresamos a la madrugada cuando hace mucho frío (…) en realidad, no tenemos hora de entrada ni de salida, nuestro horario de trabajo lo tenemos que escuchar por la radio entre las 20 y las 21hs. Todos los días, no hay sábado ni domingo ni feriados. Nunca sabemos como va a ser nuestro día, es vergonzoso.”. “Además estamos 10 ó 12 horas parados, siempre con hielo entre las manos, manipulando cuchillos filosos y levantando alrededor de doce cajones de 45 kilos de pescado por día. Antes el efectivo tenía un peón que te ayudaba a cargar el cajón, pero ahora toman dos peones cada 40 fileteros, por lo que no dan abasto y sólo te pueden alcanzar el cajón.”, agregaba uno de los obreros. En este marco, los trabajadores viven un desgaste físico muy fuerte, sufren variadas heridas cortantes y, a la vez, son sacudidos por enfermedades de todo tipo: “Al trabajar parados muchas horas, el dolor en las piernas es terrible, tenemos várices. También nos salen cayos, hay personas con artrosis, otras con reuma… hay muchachos de 55 años que se enfermaron y quedaron con las manos rígidas y los dedos  paralizados... son enfermedades crónicas muy frecuentes entre nosotros.”, explicaba un trabajador. Sumado a esto, las condiciones de salubridad necesarias para trabajar con alimentos no son respetadas ni contempladas por los empresarios: “Laburamos con pescado lleno de gusanos, en lugares con baños sucios, las fábricas verdaderamente están en condiciones higiénicas desastrosas.”, afirmaba un obrero.

Estas condiciones de trabajo son sostenidas hace años en las pseudo cooperativas con la anuencia tanto de los sucesivos gobiernos y las instancias estatales correspondientes como por la dirigencia burocrática del Sindicato Obrero de la Industria Pesquera (SOIP) en manos de Mamerto Verón y los hermanos Salas, quienes en el marco del conflicto presente no sólo brillaron por su ausencia efectiva sino que, incluso, llegaron a denunciar a los trabajadores autoconvocados en asamblea permanente de “usurpación” de la sede central del sindicato.

Ante el grito del caladero, los trabajadores se levantan.

El año 2007 puso en jaque al sistema de trabajo en el puerto marplatense. La falta de materia prima – por la depredación del recurso pesquero (ver recuadro)-  y el menor cupo de captura en comparación con el año anterior generaron una situación de reducción de las horas de trabajo, lo que perjudicó - primero y directamente- a los trabajadores de las “pseudo” cooperativas, quienes percibieron una notoria reducción de sus ingresos. Esta situación encendió la chispa de una explosiva carga de reclamos que, hace años, viene esperando su momento de salir a flote.

Así los obreros del pescado, rompieron el silencio e iniciaron medidas de lucha por mejores condiciones de trabajo. Los seis meses que ya llevan en conflicto se encuentran plagados de negativas empresarias y represión estatal,  a lo que se sigue respondiendo con más lucha y resistencia obrera. En este apartado se intentará dar cuenta brevemente del recorrido que han emprendido los trabajadores para conquistar su regularización laboral y condiciones de trabajo dignas.   

Julio y agosto: inicio del reclamo y primer acuerdo. 

En el mes de julio de 2007, un grupo de 700 fileteadores pertecientes a ocho cooperativas de la empresa Giorno S.A. tomaron medidas de protesta para exigir el registro y la regularización de su condición laboral. El conflicto se extendió rápidamente por todo el puerto, generando la movilización de los 5 mil trabajadores ‘en negro’, entre fileteadores, conservas y ‘changas’. Los obreros del pescado comenzaron exigiendo la regularización como empleados de las pesqueras, el blanqueo de todos los trabajadores para normalizar la actividad y el pago de la garantía horaria para los 8 mil trabajadores del puerto (sumando, así, a los obreros efectivizados). Asimismo, reclaman la efectivización bajo el convenio 161/75 del filete y 171/75 de la conserva donde se compromete a los empresarios a pagar un sueldo mínimo de 3.250kg de pescado al mes, lo que se traduce  en un sueldo garantido de 633 pesos, que más bonos y asignaciones, podría alcanzar actualmente los 980 pesos básicos. Después de dos semanas de bloqueos y piquetes al puerto marplatense, el ministerio de trabajo provincial convocó a los trabajadores a una reunión para ‘solucionar’ el conflicto. El 31 de julio se reunieron los obreros en huelga, los representantes de la firma Giorno, los empresarios vinculados a la industria pesquera y los dirigentes del SOIP. No obstante, no se llegó a ningún acuerdo: a diferencia de los burócratas sindicales, los obreros (organizados en asamblea permanente) rechazaron la “pseudo” oferta empresaria de pagar un mínimo de 800 pesos, manteniendo las mismas condiciones irregulares de trabajo. Ante la negativa de los trabajadores, se organizó una nueva reunión para el 1º de agosto donde los empresarios, luego de fuertes negociaciones, terminaron ofreciendo un sueldo mínimo de 800 pesos y se comprometieron a regularizar - bajo el convenio 161/75 del filete y 171/75 de la conserva- a todos los trabajadores en el plazo de 100 días. A la vez, se conformó una comisión con los trabajadores delegados para que estuvieran presentes en el proceso de regularización en cada una de las plantas y cooperativas.   

Septiembre y octubre: despidos, represión y movilización popular.

Sólo bastaron dos semanas para que los empresarios borraran con el codo lo que habían firmado con la mano. A mediados de agosto comenzaron los despidos masivos, que en el transcurso de unas semanas terminaron por alcanzar un número de 500 trabajadores. Uno de los fileteadores despedidos comentaba: “Hay gente que los empresarios ya no quieren tomar más, por ejemplo a mí, por haber salido en los medios y estar organizados en el conflicto. Por reclamar cosas dignas y justas, te dejan sin trabajo. En el puerto hace rato hay listas negras. Es desesperante: yo estoy en la calle directamente, nadie me quiere contratar… no sé que me queda, terminaré siendo peón de albañil… muchos estamos en la misma situación…”. Frente a esta situación, el 11 de agosto, los fileteadores se movilizaron en el puerto para convocar a todos los obreros del pescado a una asamblea permanente para decidir colectivamente las medidas a tomar, por lo que fueron reprimidos con balas de goma y con gases lacrimógenos por las fuerzas represivas del Estado. A su vez, al llegar al edificio del SOIP donde se realizó la convocatoria, se encontraron con que estaba vacío, sin ningún burócrata a la vista. A partir de ese día, los trabajadores votaron ocupar el edificio para mantener la asamblea permanente. “Cuando se levantó el paro en el puerto en agosto fue el dirigente principal del sindicato y dijo que se iba a poner al frente del reclamo en el puerto, pero no apareció nunca más. Entonces, nos dimos cuenta que el único camino es defendernos entre nosotros y decidimos recuperar nuestro sindicato para pelear por nuestros derechos. Fuimos para dar la discusión y no había nadie, estaba totalmente vacío. Así fue que en asamblea decidimos quedarnos porque es nuestro lugar como trabajadores, no el de los burócratas.”, explicaba un obrero entrevistado. Pasaron unos días y los despidos continuaban. En respuesta a la negativa empresaria de cumplir con lo acordado, los trabajadores realizaron el 26 de septiembre una marcha multitudinaria desde el puerto hacia el ministerio provincial de trabajo. Ante la presión popular, el dirigente del SOIP Salas, llama a un paro de 24 hs. para el día siguiente, declarando posteriormente ante la prensa que fue “forzado” a hacerlo. El 27 de septiembre por la mañana, un grupo de trabajadores que recorrían las plantas para hacer efectiva la medida fueron baleados con armas de fuego por el empresario Rubén Sosa y sus matones en la planta El Dorado. Allí hieren gravemente a Diego Argañaraz. Al mediodía, se produce una violenta represión de los manifestantes por la infantería. Un trabajador recuerda los sucesos de aquél día “Nos reprimieron mal porque estábamos reclamando la reincorporación de los compañeros. Nosotros salimos con las manos limpias a reclamar lo nuestro, pero ahí se metió la policía, todo el sistema represivo, ellos fueron los violentos. Recibimos tiros, balas y palos, dos pibes heridos, muchos garroteados y otros presos.”. Queda claro, entonces, que la respuesta por parte del gobierno al incumplimiento empresario es palos, balas y gases para los trabajadores. Nada nuevo. Lo mismo se repitió el 11 y 12 de octubre en el marco de una nueva marcha en el puerto convocada por los obreros para reclamar la regularización de su condición laboral y la reincorporación de los despedidos. Continuó la política de palos y gases, pero la situación represiva fue agudizándose cada vez más: en esos meses a las detenciones y golpizas policiales, se suman amenazas, intimidaciones y aprietes por parte de policías de civil infiltrados entre los trabajadores. Así fue expandiéndose el terror por el puerto de Mar del Plata, pero los trabajadores resistieron, firmes en sus convicciones y convencidos de la justicia de sus reclamos.  

Noviembre: incumplimiento empresario y movilización obrera.

El 9 de noviembre se cumplieron los 100 días de plazo establecidos para la registración laboral de los trabajadores del pescado bajo el convenio 161/75 y 171/75. Como observamos, del acta firmada el 1º de agosto no se había cumplido ni un solo punto. Por el contrario, según plantearon en un comunicado los obreros reunidos en la asamblea permanente, su situación había empeorado visiblemente: ahora eran 500 despedidos, existía una fuerte militarización del puerto y contaban con tres compañeros heridos de balas de plomo (Diego Argañaraz, Tomas Juárez y Alberto Rozas). A la vez, también postulaban que muchas plantas habían dejado de recibir pescado por parte de los oligopolios pesqueros a modo de represalia, lo cual mantenía a muchos trabajadores sin ingresos efectivos durante meses. En este marco, los pesqueros convocaron para ese mismo día un paro de actividades por 36 horas para reclamar la regularización, el blanqueo, el pago de la garantía horaria y la reincorporación de los 500 despedidos. Durante esa jornada, los trabajadores ocuparon la sede del Concejo Deliberante local y no se fueron hasta que los concejales se comprometieron a respaldar formalmente el reclamo y a instar al ministro de trabajo nacional Tomada a tomar parte para exigir el cumplimiento de lo pautado por parte de los empresarios. Según recuerda un obrero: “Al otro día salimos porque, según los concejales, habían notificado al Sr. Tomada para combinar una reunión, pero después nos enteramos que había sido todo mentira, el ministro de trabajo ni se había enterado.”. Frente a esta situación, y agotadas todas las instancias (judiciales, gremiales y políticas), la asamblea permanente convocó nuevamente a un paro de 24 hs. y a una movilización por la ciudad de Mar del Plata en reclamo de la inmediata regularización de los trabajadores y la reincorporación de los despedidos. Ese mismo día, culminaron ‘tomando’ la sede marplatense del ministerio de trabajo de la nación, exigiendo al gobierno nacional la intervención en el conflicto portuario. Gracias a esto, consiguieron una reunión con el ministro Tomada quien, de acuerdo a un acta firmada, se comprometió a buscar un mecanismo que permita registrar laboralmente a los trabajadores. En esa oportunidad, se pautó un nuevo encuentro – esta vez en Buenos Aires- para el 13 de diciembre. En medio de estas negociaciones, la burocracia sindical hizo lo suyo: aprovechó que quedaron pocos trabajadores haciendo ‘guardia’ en la sede del sindicato y mandó a la policía a desalojarlos. “El día que tomamos el ministerio de trabajo de Nación en reclamo de la reincorporación de los despedidos y la efectivización de todos los obreros, los sindicalistas aprovecharon y mandaron a desalojar el sindicato a las 3 ó 4 de la mañana. Habían quedado 3 ó 4 viejitos haciendo guardia, los sacaron a patadas.”, Desde ese entonces, el sindicato y los sindicalistas se encuentran custodiados por “matones” mientras los obreros, en la calle, siguen peleando por sus derechos. Sin dudas, lo único que no puede reprocharse a los dirigentes sindicales es su excesiva coherencia respecto de su alianza con los empresarios y con el gobierno.

Diciembre: la Gran Ciudad, manos vacías y nuevas “promesas”.

Los trabajadores llegaron a Buenos Aires el 12 de diciembre, día previo a la reunión con Tomada, para participar – con su reclamo y por la preservación del recurso pesquero- con otras organizaciones ambientales, sociales, políticas y culturales de la 2da Gran Marcha Ambientalista efectuada ese mismo día desde Plaza Congreso hacia Plaza de Mayo. También organizaron por la tarde, junto con sus compañeros de “El grito del Caladero”, una movida cultural donde presentaron diversos materiales (entre ellos, un documental) sobre el conflicto pesquero. Al día siguiente, se movilizaron hacia el ministerio de trabajo donde algunos de los integrantes de la asamblea autoconvocada se reunieron, según lo acordado, con el ministro Tomada. Allí presentaron un listado con los datos de los más de 5 mil trabajadores que deben ser regularizados por los empresarios. Sin embargo, una vez más, se dilataron las “verdaderas” resoluciones para una próxima reunión convocada para la semana subsiguiente. Según lo acordado, el ministerio se encargaría de cruzar los datos de diversos organismos – ministerio de Trabajo, INAES, SENASA, Rentas, AFIP, DGI, INIDEP y Secretaría de Pesca- para verificar la situación de los obreros en las empresas pesqueras y, a partir de esto, proponer medidas para su regularización efectiva.Finalmente, el jueves 20 de diciembre se efectuó el nuevo encuentro entre una delegación de seis trabajadores y representantes del Ministerio de Trabajo (entre ellos, el ministro Tomada). En ese marco, la discusión principal giró en torno a la concreción efectiva del reclamo de los obreros respecto de su registración en el marco del convenio 161/75 del filete y 171/75 de la conserva (sin anexos), en rechazo de los convenios de las Pymes que avalan y acentúan la precariedad y la flexibilidad laboral. Sobre esto último, no se llegó a ninguna resolución decisiva. Por otra parte, ante la demanda de una subvención para los trabajadores que - por las represalias empresarias – hace meses no perciben ingresos, el Estado ofreció, por el mes de diciembre,  repartir una bolsa de alimentos entre los changarines y efectuar el pago de 500 pesos a los despedidos que cuentan con telegrama de despido (no siempre existente, justamente por la irregularidad de la actividad). A su vez, los funcionarios se comprometieron a repetir el mismo pago durante el mes de febrero. Sólo será cuestión de tiempo conocer cuánto de promesa y cuánto de realidad tiene esta propuesta. Por su parte, los obreros efectuarán una nueva asamblea en Mar del Plata donde definirán los pasos a seguir en los próximos meses, ya que el reclamo original no ha sido solucionado aún. Y, si bien existen algunas diferencias respecto del “qué hacer” de aquí en adelante, los trabajadores cuentan con determinación y claridad para continuar la lucha que emprendieron por condiciones dignas y justas de trabajo.