En fin. La lucha por el espacio público, y por la definición de sus fronteras, no es nueva. Tampoco son nuevas las políticas orientadas a la construcción de una Ciudad para pocos, que rechaza, por ley o por palo y repulsivamente, todo elemento perturbador. Pero pareciera que la nota del nuevo gobierno volvió más explícitos sus términos, incluso llegando a perder la "civilidad" tan mentada por sus voceros y construyendo, convencidamente al fin, esa Ciudad prometida a los "vecinos" votantes. Y si los desalojos son defendidos y fundamentados con orgullo y consecuencia, esta concepción echa también raíces en un vaciamiento de las políticas públicas de vivienda, manifiesto en el parate y desfinanciamiento de los programas del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) desde la asunción del nuevo gobierno.
El martes pasado, cerca de media tarde, cooperativas de cartoneros y organizaciones sociales se movilizaron a Plaza de Mayo repudiando la represión de días atrás y exigiendo la restitución del Tren Blanco, medio fundamental de su supervivencia, suspendido hace dos meses por decisión de TBA (Trenes de Buenos Aires) y la Secretaría de Transporte de Nación. Quizás sin quererlo pero solidariamente, la movilización encontró a pocos metros otra, convocada por más de veinte cooperativas de vivienda que, en ese mismo tiempo y espacio, reclamaban el cese de los desalojos y el cumplimiento del Programa de Autogestión del Hábitat Popular, que está siendo desactivado en los hechos por la nueva dirección del IVC.
Aquella tarde la Plaza fue testigo, una vez más, de la disputa por los márgenes de una Ciudadanía cada vez más restringida. Derecho al Trabajo, a la Vivienda, derecho a una Ciudad que actualiza el "Prohibido Vivir aquí" de las políticas implementadas por la última dictadura.
El Tren Blanco y la represión a los cartoneros
"Voy a meter presos a los cartoneros, porque son delincuentes que se apropian de la basura que los vecinos sacan a la calle"
(Mauricio Macri, 2002)
"Tenemos un fuerte compromiso con el respeto y la no ocupación del espacio público"
(Juan Carlos Piccardo, Ministro porteño de Ambiente y Espacio Público)
"Los cartoneros no pueden invadir predios y pernoctar en ellos"
(Esteban Bullrich, Ministro porteño de Desarrollo Social)
Como es bien sabido, hace unos dos meses, exactamente el 28 de diciembre, por disposición de TBA - licenciataria de los ferrocarriles Mitre y Sarmiento- y con la anuencia del gobierno nacional -puntualmente la subsecretaría de Asuntos Ferroviarios de la Nación y la Secretaría de Transporte-, fue suspendido el Tren Blanco, medio en que se transportaban gratuitamente las 1200 familias de cartoneros que diariamente realizan el trayecto Retiro - José León Suárez. El argumento fue entonces el "vandalismo" y las malas e inseguras condiciones de las formaciones. El mismo que se instrumentó ante las dos medidas cautelares presentadas posteriormente por el Juez Gallardo primero y por el Juzgado Federal Nº2 de San Martín después, que obligaban a la empresa a restituir el servicio fundamentando el pedido en el derecho al trabajo.
El gobierno porteño dijo entonces proveer una solución: una flota de camiones que transportaría por la noche los carros hacia algunas zonas del Conurbano. Pero no funcionó y no funcionaría jamás, de hecho la medida resultó no sólo insuficiente sino casi irrisoria ante la cantidad de trabajadores que el Tren dejó a pie y los volúmenes que debían transportarse. Según los propios trabajadores, la provisión de camiones no sólo es escasa sino también irregular y no se cumple como estaba pautado. Además, para cargarlos, deben levantar sus carros hasta un metro sesenta y los camiones no llegan a todos los barrios. "Como siempre fue para el pobre, el gobierno promete una cosa y no la cumple -explicó Juan Carlos, de la Cooperativa El Álamo, en la marcha del martes- te dicen que van a mandar 40 camiones para 2000 cartoneros, y encima que ya son pocos, después vienen 20. Así no se puede viajar. Muchos trabajadores se quedan en la Provincia, sin poder ingresar, y para los que logramos llegar, la vuelta es imposible, no hay tiempo para tanta gente y todos tenemos la misma necesidad".
Muchas familias de cartoneros quedaron "varadas en la Ciudad de un día para otro", tal como denuncia un comunicado del movimiento. Se asentaron entonces en distintas zonas de la Ciudad en condiciones absolutamente precarias. Por necesidad impuesta y como forma de protesta, por no poder retornar a sus hogares todos los días ni a los depósitos a vender lo recolectado. Uno de estos asentamientos fue el de Pampa y la vía, bordeando el Ferrocarril Mitre, en los alrededores de Barrancas de Belgrano, justo en lo mejorcito de las zonas residenciales de la Ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno porteño dice haber intentado "el diálogo". Pero lo cierto es que el último viernes 22 de febrero, perdió su "civilidad" y decidió reprimir y desalojar a las 50 familias de Pampa. Haciendo eco de los reclamos de algunos vecinos "bien" de Belgrano - indignados por la suciedad y el vagabundeo- el mismo ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, Juan Carlos Piccardo, -junto con su secretario de Higiene Urbana, Grasso, y el jefe de Seguridad de TBA, Massa- firmó una orden de desalojo y mandó a reprimir, con palos y manguerazos de agua a presión, a hombres, mujeres y niños so pretexto de las condiciones de insalubridad y ciertos "materiales inflamables" presentes en la zona. "El desalojo no era contra los cartoneros, sino contra el material peligroso", diría Piccardo más tarde a un medio, para agregar que la gestión tiene "una firme posición de no negociar el espacio público". Quedó claro. En el operativo participaron casi cien policías de la comisaría 33 y de la Guardia de Infantería. El saldo fueron 8 detenidos (acusados de resistencia a la autoridad), y varios cartoneros y vecinos solidarios lastimados, incluso 5 internados; además de la incautación y destrucción de la mayor parte de las pertenencias de las familias, incluidos los carros con la recolección.
Piccardo dijo primero que la orden de desalojo había provenido de la Fiscalía Contravencional Nº3, lo cual fue desmentido por esta última obligando al funcionario a asumir que había sido él mismo quién la había firmado, potestad para la que no está habilitado constitucionalmente. Otro punto turbio del operativo es la participación de la Policía Federal, que no depende del Gobierno de la Ciudad sino del Nacional. Lo cual, aquí también, admite al menos una sospecha sobre el papel de este último en este juego de "gobiernos buenos y malos", donde el Gobierno Nacional parece siempre quedar exento de responsabilidades y, al fin, al cabo y como mínimo, es corresponsable de la suspensión del servicio de TBA.
La movilización del martes convocó a cooperativas de cartoneros de todos los ramales de trenes, al Movimiento de Trabajadores Excluidos, Cartoneros del Tren Blanco, independientes y desalojados. Se dirigió primero hacia la sede del gobierno porteño y luego a la legislatura y al Palacio de Hacienda, donde está la Secretaría de Transporte. Reclamaron tanto la restitución inmediata del Tren Blanco como el cese de la represión y la renuncia de los funcionarios involucrados en la represión. Antes de comenzar la marcha, varias agrupaciones elevaron también una denuncia judicial por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público contra Víctor Hugo Fensore, el policía a cargo del operativo y contra Piccardo. Se exigió también un sistema de higiene urbana ecológico, eficaz y con inclusión de los cartoneros.
"Estamos cansados de tanta represión, porque cada vez que hay un compañero que busca legalmente lo que le corresponde el gobierno manda a reprimir. Y no sólo a reprimir, sino que roban. Roban las carretas, los carros, se roban la mercadería. Y no tenemos a quien reclamar, la única manera es ésta, es venir a hacerles quilombo a la plaza para que nos escuchen", expresó Juan Carlos, de la Cooperativa El Álamo. "La política de Macri es erradicar a los cartoneros de la Ciudad- completó Valentín, de la Cooperativa Reciclando Sueños- mientras ellos lo sostengan, nosotros vamos a seguir saliendo a discutir a la calle, como estamos haciendo, como estamos discutiendo ahora".
Saben que la represión puede continuar en los demás predios. Y están alertas. Pero defienden su fuente laboral - la única posible, está claro que nadie la elegiría de tener otra alternativa- y están dispuestos a volver a la Plaza tantas veces como sea necesario, porque, tal como sintetizó Juan Carlos, "toda la gente mira para otro lado... porque acá la Capital nos necesita como mano de obra, pero no nos acepta como ciudadanos"
Desalojos y desfinanciamiento de las cooperativas de vivienda
El lunes 25, 280 familias fueron desalojadas de dos edificios en pleno centro porteño por dictamen judicial y con la intervención de la Secretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario porteña (sí, sí, ¡fortalecimiento familiar y comunitario!). Las primeras 250, del barrio de Monserrat, fueron desalojadas aludiendo la necesidad de liberar el predio dada la compra del mismo por parte de San Telmo House, una empresa privada que prevé la construcción de un Hostel para extranjeros en el lugar.
La misma situación se repitió ese día para otras 30 familias de San Cristóbal. Carlos Regazzoni, titular de esta secretaría, declaró - con cierto orgullo, como éxito de su gestión- que éstos eran dos más de una serie de 20 desalojos que se vinieron desarrollando desde la asunción al gobierno.
En una nota del martes 26, un periodista de Página 12 preguntó al funcionario por qué el Estado pagaba una suerte de indemnización para un desalojo que beneficiaba el negocio de un privado. La respuesta circuló en las "obligaciones del Estado de atender a personas que están en su situación de vulnerabilidad, independientemente de lo que haga el privado". Los argumentos vuelven a ser aquí las malas condiciones habitacionales, pero no se construyen viviendas ni se mejoran estas condiciones. Por el contrario, se desaloja de un día para otro, se otorga un subsidio -que alcanza para poco para quien no tiene nada y ha quedado en la calle-, y se garantiza así que se vayan, para no volver.
Las cooperativas de vivienda son una de las soluciones autogestivas posibles que se fueron gestando en los últimos años para acceder a la vivienda en una Ciudad encarecida, de casa propia inimaginable y alquileres inaccesibles. Hoy en día hay más de 400 cooperativas de vivienda que nuclean a 8.000 familias. El Instituto para la Vivienda es, supuestamente, el organismo público responsable de la gestión de programas de urbanización y construcción que, mediante políticas de crédito y planes habitacionales, debería facilitar el acceso a la vivienda de la población con menos recursos. La lucha llevada durante años por distintas organizaciones sociales logró la sanción de la Ley 341, "Programa de Autogestión del Hábitat Popular", que "permite que las cooperativas manejen y administren los recursos por autogestión, para así poder concretar el derecho a la ciudad, comprar terrenos, administrarlos y construir a precio de costo", explicó Carla, del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI)
Desde la asunción del nuevo gobierno, y con el discurso de la "corrupción" del organismo y los manejos políticos a su interior, casi todas las políticas del IVC fueron desactivadas y, posiblemente, muchas funciones -sobre todo las vinculadas a villas- salgan en un futuro cercano de la órbita del Gobierno porteño para pasar a la Corporación Sur, un ente autártico con fama de proteger intereses inmobiliarios. "Dicen que es una caja política y que bla bla bla... lo que siempre dicen cuando se trata de planes sociales. Y lo que hay detrás de eso es una virtual expulsión de clases bajas, de sectores bien concretos de la Ciudad para hacer negocios. Dicen también que no hay guita, pero obviamente es una decisión política", aclaró Marcel, de la Cooperativa de Vivienda Ruca.
Puntuamente con el Programa de Autogestión, desde hace dos meses "este gobierno lo que está haciendo es desactivar el programa -expresa Carla- sólo quiere terminar algunas obras y niega, estando la ley vigente, el derecho a nuevas cooperativas a inscribirse y estrangula financieramente a los que ya tienen el terreno. Definitivamente no quiere el desarrollo de la autogestión en la Ciudad. Yo creo que el macrismo juega a la liberalización del precio del suelo y a hacer una ciudad para los que pueden pagar"
La movilización que confluyó con la de los cartoneros el martes denunciaba esta situación y exigía el cese de los desalojos. Exigía también el cumplimiento de esta Ley, así como la reapertura de todos los programas del IVC y la solución urgente a una crisis habitacional cada vez más agudizada tras las últimas medidas. 
Intento de clausura del Bauen
Y como si fuera poco para estos días, como para que quede bien claro, el último domingo 24 el gobierno intentó clausurar el Hotel Bauen, un hotel recuperado y gestionado por sus trabajadores desde el año 2003. Tal como informa el comunicado difundido, ese día "a las dos de la madrugada, personal de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, dependiente de la Subsecretaría de Control Comunal de la Ciudad, intentó clausurar el Hotel con una denuncia contravencional caduca". Los trabajadores pudieron impedir la medida presentando el expediente y el fallo favorable para la cooperativa con que contaba esa misma contravención emitida meses atrás. Los funcionarios admitieron entonces que no tenían información sobre la resolución pero -según informan los trabajadores- aún así se disponían a clausurar el sector del Bar de la Planta Baja.
El hecho, a todas luces, no puede dejar de leerse sino en el marco de todo este contexto, una expresión más de una embestida clara y decidida por la privatización del espacio público. Y parece claro que todos estos hechos tienen más que un factor en común. "Somos todos sectores excluidos de este sistema, que peleamos por el derecho a la ciudad, que es lo que le han negado a los compañeros cartoneros. Somos todos sectores afectados por la misma problemática, y tenemos que avanzar en una organización social y política que nos reúna", concluyó la integrante del MOI.
Contactos
Movimiento de Trabajadores Excluidos: 15-6384-3877
Cooperativa El Amanecer de los cartoneros: 15-6384-4636
Cooperativa El Álamo: 15-5961-0616
Cooperativa El Ceibo: 15-5429-5724
Marcelo Sosa (acampe de Belgrano): 15-3618-3821
Contacto Prensa MOI-CTA: 15-4083-7914
Hotel Bauen
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Prensa: 4371-9505.
